El pasado 25 de junio de 1998 se celebró la I Conferencia Internacional de Derecho Farmacéutico, organizada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, a la que acudieron más de 150 especialistas en ambas materias, unidos todos por el interés de lograr unas líneas maestras para regular la elaboración, distribución y venta de los fármacos, y una normativa común para las oficinas de farmacia.

El discurso de apertura corrió a cargo del Subsecretario de Sanidad y Consumo, Enrique Castellón Leal, quien reafirmó la condición del farmacéutico de elemento indispensable del Sistema Nacional de Salud, que "verá incrementado su prestigio social, profesional e incluso laboral ofreciendo Atención Farmacéutica y salud a la población, y no simplemente vendiendo mercancía". Castellón Leal aludió en su intervención al título de la Conferencia, "El futuro de la ordenación farmacéutica, ¿medicamento o mercancía?", y aseguró que en realidad no hay tal disyuntiva, ya que "el medicamento es una prestación sanitaria que contribuye al restablecimiento de la salud y al bienestar de la población general". El Subsecretario recordó la labor esencial del boticario como "controlador" del medicamento, esencial ahora que la cantidad de información sobre fármacos de la que se dispone favorece una costumbre tan perjudicial como es la automedicación.

El Presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Pedro Capilla, también expuso su parecer sobre la oposición entre medicamento y mercancía, insistiendo en que "los farmacéuticos seguirán trabajando en la línea de evidenciar el marcado componente sanitario y no comercial de su actividad". Otros ponentes coincidieron en esta idea, como Jesús González, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, o el Dr. Fernando S. Antezana Araníbar, Subdirector General de la OMS.

Esta reunión contó también con la participación del Ministro de Sanidad y Consumo, José Manuel Romay Beccaría, que almorzó con los asistentes. El Ministro dejó claro que "el servicio farmacéutico en España tiene una excelente calidad y cuenta con unos profesionales de reconocido prestigio".

La primera mesa redonda tras el almuerzo giró en torno al Derecho Comparado. En ella, Paul Ranson, abogado de Simmons & Simmons, del Reino Unido, definió el producto médico y otros puntos relativos a las normas de comercialización, distribución, suministro y provisión de medicamentos en Europa. Emilio N. Vogelius, abogado del Estudio Beccar Varela, de Argentina, expuso la regulación farmacéutica de su país y Jean-René Farthouat, Ex - Decano del Colegio de abogados de París, la de Francia. Por su parte, Frank Ludwig, abogado del Despacho Redeker Schon, revisó el derecho farmacéutico de Alemania, donde "se tiene un sentimiento general de que los productos farmacéuticos deben supervisarse de forma fiable, ya que tienen un impacto inmediato en la salud".

Acto seguido comenzó la mesa redonda de propuestas sobre regulación. En esta mesa, José Luis Valverde López, Catedrático de Legislación Farmacéutica de Granada, afirmó que "el legislador debe definir las funciones profesionales del acto farmacéutico como un eslabón más en la cadena de garantías que acompañan al medicamento limitándose a los aspectos técnicos sanitarios, sin atender a facetas económicas o mercantiles". María Victoria Fernández González, Letrada del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, expuso detalladamente las diferencias que existen entre las legislaciones autonómicas en materia de farmacia, diferencias que "forman un auténtico caos que provocará grandes perjuicios y permanente judicialización de los procedimientos de apertura y transmisión de oficinas de farmacia si no se respetan las normas básicas para todo el Estado".

Respecto a los horarios de apertura y los turnos de guardia, Gaspar Ariño, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, expresó su opinión de que, puesto que abrir las farmacias por la noche y coger las vacaciones unos días en vez de otros es algo que viene marcado por la Ley y no es una actividad voluntaria, "los farmacéuticos deben ser compensados, ya que eso es una carga adicional que no se le impone a ningún otro profesional liberal". Ariño sugirió además que esa compensación económica debería partir de los usuarios de las farmacias y no de los impuestos.

El Presidente del Consejo de Estado, Iñigo Cavero, clausuró la Conferencia destacando que la actividad farmacéutica es un servicio de interés público que debe respetar el espíritu de la Constitución Española. De hecho, aseguró que los recursos de inconstitucionalidad sobre las leyes farmacéuticas de Extremadura y Castilla - La Mancha van a prosperar, ya que invaden las competencias del Estado.