En la actualidad, casi la mitad de los países de la Unión Europea requieren bajo formas distintas  la evidencia de una evaluación económica para financiar o establecer el precio de las innovaciones. Países como Canadá, Australia, Países Bajos, Alemania o Suecia disponen de un comité de beneficios farmacéuticos integrado en el ministerio de salud. Inglaterra ha optado por la creación de un organismo financiado públicamente pero con un gran nivel de independencia y transparencia, el National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). España actualmente dispone del marco legal para impulsar iniciativas similares (el Real Decreto 1030/2006), donde la eficiencia forma parte del criterio para determinar la cartera de servicios comunes. Sin embargo, aún queda camino por concretar la normativa sobre evaluación de medicamentos y prestaciones sanitarias que explícitamente incorpore la eficiencia  en los procesos de negociación de los precios y la decisión de financiación pública de los medicamentos.

Los criterios de eficiencia deben regir las decisiones relacionadas con la asignación de recursos públicos en el sentido más amplio. Este principio debería tener carácter retrospectivo, es decir, tanto las nuevas tecnologías como las que actualmente forman parte de la cartera de servicios de la Sistema Nacional de Salud deben someterse a un riguroso escrutinio basado en la efectividad comparativa y la eficiencia relativa. La transparencia de este proceso es clave para que las partes implicadas comprendan las decisiones adoptadas, y así se pueda construir un sistema de incentivos basado en la eficiencia que dirija la innovación científica. Además de racionalizar la adopción de nuevas actuaciones preventivas y tratamientos, cuál debe ser el papel de las aportaciones de los usuarios (los llamado copagos) representa una cuestión fundamental de la política sanitaria.

La equidad, además de la eficiencia, es un criterio indispensable para minimizar posibles consecuencias indeseables, como una carga desproporcional sobre los enfermos más graves que les obligue a interrumpir su tratamiento. Un sistema de copago óptimo debería ser de un importe reducido, con carácter acumulativo con un límite máximo de aportación (como en Suecia) o un porcentaje de la renta (Alemania), excluyendo del sistema o reduciendo especialmente su magnitud para los pacientes crónicos, pero siendo más elevado para tratamientos menos necesarios que aportan escaso valor para la salud. Es decir, el copago debería estar basado en el valor de la atención y no en el precio, por lo que es indispensable la evidencia científica-clínica.

En general, la mayor atención hacia criterios de decisión basados en la eficiencia se explica por la necesidad de garantizar la calidad asistencial pero también de cumplir las restricciones presupuestarias, lo que es incompatible con la adopción indiscriminada de tecnologías médicas. Reducir costes sanitarios sin perjudicar la calidad asistencial representa un gran reto, pero también una oportunidad para divisar una organización más eficiente y racional del sistema sanitario. La participación y coordinación entre todos los agentes que intervienen en el sector es condición indispensable para conseguir esta meta. Todo ello genera cambios ineludibles en la lógica empresarial de la industria farmacéutica y en las necesidades de perfiles profesionales con dominio de los conceptos y las técnicas de la farmacoeconomía.

La eficiencia de un sistema sanitario depende esencialmente de que sus profesionales asistenciales -quienes adoptan la mayoría de las decisiones de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación- tengan la información y los incentivos necesarios para actuar de forma coste-efectiva. En este contexto, entender el funcionamiento de la evaluación económica siendo capaz de aplicar sus conceptos e instrumentos a la gestión de los servicios de salud, así como tener en cuenta sus implicaciones en el terreno de la política sanitaria, constituye la base de un sistema sanitario eficiente.

En conclusión, la formación continuada se ha convertido en un requisito prácticamente indispensable para la superación profesional y personal en la mayoría de los sectores económicos incluyendo la sanidad y en especial, el sector farmacéutico. El Máster Universitario en Economía de la Salud y del Medicamento de la Barcelona Management School de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, modalidad online en español y en inglés, responde a la demanda de formación especializada  en el sector sanitario, ofrece la oportunidad de adquirir conocimientos sobre evaluación económica, análisis de políticas sanitarias y gestión sanitaria en un formato dinámico y flexible. Una formación sólida en este ámbito es garantía de avance en la aplicación del criterio de eficiencia en la gestión sanitaria, lo que es condición indispensable para asegurar tanto la calidad como la sostenibilidad futura del sistema.
 
Referencias:
[1] Espín Balbino, Jaime et al., (2013). “Garantía, solvencia y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud Español: Análisis cualitativo desde la farmacia hospitalaria”. Fundación Gaspar Casal.
[2] Puig-Junoy, J. y  Oliva, J. (2009). “Evaluación económica de intervenciones sanitarias: el coste de oportunidad de no evaluar.” Reumatología Clínica 05(06): 241-243.
[3] http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/master-universitario-en-economia-de-la-salud-y-del-medicamento-modalidad-online/presentacion
[4] Oliva, J., Peiró ,S. y Puig-Junoy, J. “Horizontes de cambio en el sistema nacional de salud: agenda para una reforma sanitaria ordenada”. Colegio de Economistas de Madrid. Economía de la Salud, Número 136.

* Marina Soley-Bori. Estudiante de Doctorado en Economía de la Salud, Boston University (BU), Escuela de Salud Pública. Máster en Economía (BU).

* Jaume Puig-Junoy. Profesor Titular, Departamento de Economía y Empresa, Universidad Pompeu Fabra. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Director del Master en Economía de la Salud y del Medicamento (MUESOL) de la UPF.